Infancias indígenas: diversidad, dignidad e igualdad de derechos

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En América Latina viven más de 12,8 millones de niños/as indígenas, de los cuales el 60% reside en zonas rurales. Independientemente del territorio en el que habiten, sus condiciones de vida están marcadas por profundas inequidades y continuas violaciones de derechos.[1] Mientras el 63% de los niños y niñas de nuestro continente sufren algún tipo de pobreza, las tasas referidas a la niñez indígena son aún más alarmantes, alcanzando un 88%.[2] En este contexto, desde Equidad para la Infancia, consideramos fundamental abordar los determinantes de las inequidades que afectan a la niñez indígena, así como la diversidad de sus prácticas culturales y modos de vida, con vistas a fortalecer procesos y políticas de reconocimiento e igualdad.

_MG_6529Las desigualdades económicas que afectan de modo profundo a los pueblos originarios se imbrican con la histórica marginación social y política fruto de la estratificación social de base racista forjada en épocas coloniales, pero que continúa dejando sus huellas en la actualidad. Es en un escenario histórico de resistencia y lucha de los movimientos sociales indígenas, que debemos situar los alcances en términos de los pactos internacionales y las reformas constitucionales que a partir de la segunda mitad del siglo XX pasaron a reconocer los derechos individuales y colectivos de estos pueblos, siendo el principal instrumento el Convenio 169 de la OIT de 1989.[3]No obstante los avances normativos y sin desconocer la enorme variabilidad propia de cada realidad nacional, el proceso de implementación de políticas públicas para la garantía de los derechos de los pueblos originarios en los países latino-americanos es extremadamente lento y deficiente.

Entre los factores que obstaculizan el cumplimiento de las normativas, se encuentra el modelo de desarrollo regional de tendencia extractivo-exportadora que colisiona con los modos de vida tradicionales de los pueblos originarios, reactualizando conflictos históricos vinculados a la posesión de las tierras ancestralmente ocupadas por dichos pueblos,[4] violando el derecho al territorio así como el de ser consultados sobre los temas que les conciernen. Las consecuencias de estos conflictos se traducen en múltiples formas de violencia, represión y homicidios contra los pueblos originarios, con efectos aún más nefastos para los niños y las niñas.[5].

En lo que atañe a otro derecho fundamental como es la educación, hay una enorme brecha que impide que los/as niños/as indígenas puedan ejercer este derecho en pie de igualdad con el resto la sociedad (como dispone el artículo 26 del Convenio 169). En este sentido, asegurar la pertinencia del currículo y el carácter intercultural y bilingüe de los procesos educativos continua siendo un gran desafío..

Hay todavía un largo camino a recorrer para garantizar una educación respetuosa de las diversidades étnico-culturales que cuente con la participación activa de los pueblos indígenas en su diseño e implementación, de modo que contemple sus conocimientos y sistemas de valores y que responda a sus necesidades particulares (como prevé el artículo 27 del mismo convenio). Por otro lado, al no contar con escuelas cercanas a sus comunidades, los/as niños/as indígenas que viven en zonas rurales, muchas veces se ven obligados a desplazarse largas distancias para poder estudiar. A esto se suman otros problemas como las instalaciones deficientes, la falta de recursos materiales y tecnológicos y las precarias condiciones laborales de los/as maestros/as..

Desde Equidad para la Infancia América Latina esperamos que los materiales aquí disponibilizados fomenten una mirada crítica sobre los problemas que afectan a los niños y las niñas indígenas, así como el respeto a sus tradiciones y la garantía plena de sus derechos. La construcción de la igualdad respetuosa de la diversidad implica, creemos, la remoción de las causas de desigualdades e inequidades en cada contexto de la vida de las niñas y los niños.

 


[3] El Convenio 169 de la OIT se ha consolidado como una herramienta imprescindible para la defensa de los derechos indígenas siendo el único instrumento jurídico internacional de carácter vinculante que trata específicamente del tema. Entre los derechos individuales y colectivos asegurados, se encuentran: el reconocimiento y la protección de los valores y prácticas socio-culturales y espirituales, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan, el derecho a decidir sobre sus prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y el derecho a la consulta libre, previa e informada cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

[4]https://kobra.bibliothek.uni-kassel.de/bitstream/urn:nbn:de:hebis:34-

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