Políticas de seguridad y DDHH

Pobreza y desigualdad, Nuestras publicaciones, Protección especial

La publicación Políticas de Seguridad y Derechos Humanos: Enfocando en la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, es el producto de la reflexión colectiva y conectada entre diversos actores sociales. El documento fue elaborado conjuntamente por Equidad de la Infancia y la Red Nacional de Primera Infancia (RNPI), con la colaboración del CIESPI/PUC-Rio (Centro Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la Infancia) y del Instituto Arcor Brasil, con el apoyo del Instituto C&A.

Una de las características de esta publicación es la incorporación de los debates sobre la realidad común compartida en América Latina, destacando al mismo tiempo, las particularidades de cada país y de las políticas de seguridad llevadas a cabo para hacer frente a los problemas enfrentados.

Entre los temas y debates centrales abordados en el documento, están:

La invisibilidad de la primera infancia en los debates y las políticas: La relación entre primera infancia y políticas de seguridad no es un tema común. Cuando se discuten las políticas de seguridad y los impactos de su militarización, la primera infancia suele estar ausente. Siendo así, muchas veces se ignoran tanto las consecuencias directas como los múltiples daños indirectos de las políticas de seguridad en el desarrollo y el bienestar de los niños desde los primeros años de vida. Se visibilizan, sobre todo, las violencias que afectan a la primera infancia en el sector privado, pero poco se debate sobre los daños que estas sufren en los espacios públicos por situaciones que involucran balas perdidas, peleas callejeras, enfrentamientos armados, accidentes de tránsito, así como cuando son víctimas del desplazamiento forzado en zonas de conflicto armado o cuando son obligadas a vivir en la prisión, a partir del encarcelamiento de sus madres. La invisibilización de la primera infancia es tal que es difícil “reinsertarla” en este contexto del que nunca ha estado ausente. Por lo tanto, es urgente integrar el respeto de los derechos del/de la niño/a en la conceptualización y materialización de las políticas de seguridad.

La estigmatización y la criminalización de la adolescencia y la juventud negra y de las comunidades pobres y periféricas: En la sociedad brasileña, donde los procesos de discriminación y racismo son procesos estructurantes, en general, los adolescentes negros de baja escolaridad y residentes de las periferias son vistos y considerados como agentes centrales de la violencia urbana. De este modo, se fortalecen los procesos de estigmatización que tanto fortalecen las políticas punitivas dirigidas a esta población, como invisibilizan las inequidades e injusticias sociales que enfrentan estos grupos. Del mismo modo, las desigualdades socioeconómicas y culturales implican la fragmentación del territorio acompañada de la estigmatización y la exclusión de las comunidades pobres, representadas socialmente como locus de la violencia y del crimen. Opera, así, un perverso mecanismo de criminalización de la pobreza, lo que contribuye para legitimar las intervenciones policiales violentas implementadas en estos espacios.

Las lógicas en que sustentan las crecientes demandas de la reducción de la mayoridad penal: Las infracciones cometidas por los niños y adolescentes son vistas fuera del contexto socioeconómico, político y cultural en el que se insertan, provocando reacciones sociales punitivas que demandan la reducción de la mayoridad penal, fortaleciendo la exclusión social de los adolescentes pobres y negros. Aumentan las demandas sociales por la reducción de la edad de imputabilidad penal, en sintonía con la perspectiva alarmista y el hiperdimensionamiento que los principales periódicos, revistas y canales de televisión dan el problema, sin discutirlo en profundidad y sin el debido respeto de los derechos de estas personas. De manera similar a lo que ocurre en Brasil, en otros países de América Latina abundan propuestas de reducción de la edad penal, lo que demuestra el enfoque punitivo de los estados y las sociedades hacia las nuevas generaciones, en detrimento del enfoque de derechos. Hubo consenso en que la reducción de la edad de imputabilidad penal es inaceptable y que los adolescentes en conflicto con la ley, en su mayoría, son previamente víctimas de violaciones de derechos humanos por la acción u omisión del Estado, la sociedad, la comunidad y la familia. Así, en lugar de un castigo mayor, se necesitan políticas públicas y sociales que ofrezcan protección, educación, salud, cultura y trabajo a los niños y adolescentes.

La segregación urbana, la falta de espacios públicos y la no efectivación del derecho al juego: Hoy en día, independientemente de la clase social, la segregación y la violencia urbanas limitan el acceso de los niños a las calles y espacios públicos. La calle ya no es el espacio de juego, del contacto con el otro, de la interacción pública y del reconocimiento de la diversidad. Esta situación impacta diferentemente los/as niños/as de clase media y alta, que están “atrapados” en departamentos, contraes y shopping centers, y los/las de clase baja, cuyo acceso a los espacios públicos es limitado o impedida debido a las dificultades de la movilidad urbana, la  infraestructura deficiente en los barrios periféricos, la violencia social y la estigmatización social. Las políticas de seguridad poco consideran la posibilidad de recrear  espacios públicos para los/as niños/as, viabilizando plazas y lugares de juego como espacios de protección y promoción de los derechos, así como no prevén la importancia del tránsito protegido como una forma de contribuir para la autonomía infantil.

El papel de los medios de comunicación: Las narrativas de los medios no sólo reflejan los hechos sociales, sino que los producen. Por lo tanto, los medios de comunicación son responsables, en gran medida, por la construcción y definición de los problemas sociales, incluyendo explicaciones y causas sobre las situaciones de violencia. Esas construcciones no son neutrales, ya que obedecen a intereses sociales, económicos, políticos, religiosos, etc. De este modo, los medios de comunicación dirigen y fortalecen la opinión pública sobre los fenómenos, forjando imaginarios basados en estereotipos de clase, etnia/raza, género, lugar de residencia, entre otros, que se reproducen de forma masiva y alimentan formas de intervención estatal, prácticas sociales y modos de abordar a los/as niños/as y adolescentes involucrados en situaciones de violencia y también sus familias- que violan sus derechos. Esas cuestiones ponen de relieve la necesidad de establecer directrices para la producción de noticias sobre la infancia, denunciar los casos de abuso y violación de los derechos humanos de niños/as que ocurren en los medios, así como fortalecer y ampliar los medios de comunicación alternativos que garanticen un tratamiento respetuoso y complejo de las  situaciones de violencia que involucran a la infancia.

La desmilitarización de la policía y la construcción de una seguridad ciudadana: Cuestionando el paradigma represivo y la lógica militar de guerra que prevalece en las políticas de seguridad y en la institución policial en Brasil, las autoras de la publicación se posicionan favorablemente a la desmilitarización de la policía y su definición como actividad eminentemente civil, con una formación basada en el respeto a los derechos humanos y la protección de los/as ciudadanos/as. De esta manera, se apoya la construcción de políticas de seguridad, dirigidas, sobre todo, a la seguridad de las personas y el respeto irrestricto de los derechos humanos, que garanticen la prioridad de protección a la niñez y adolescencia y fomenten acciones y políticas integrales pautadas en la equidad, la prevención, y la garantía de una justicia accesible, rápida y efectiva.

La necesidad de garantizar la protección de los/as niños/as en todas las circunstancias: Las instituciones y políticas de seguridad pública y de justicia en Brasil, a través de sus acciones a menudo violentas, arbitrarias y/o discriminatorias, están lejos de ejercer la función de protección de los derechos asignada a la mismas. Entidades y organismos de protección del niño deben garantizar la atención a las víctimas y los testigos de las violencias, así como asegurar la exigibilidad de los derechos a través de mecanismos de rendición de cuentas, además de trabajar para la  prevención y denuncia de este tipo de situaciones en el ámbito de la comunidad, la familia y las instituciones públicas. El fortalecimiento de redes de protección eficientes, a través de una acción coordinada entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales, es fundamental para enfrentar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes.

A través de esta publicación, Equidad para la Infancia refuerza su compromiso con la producción de saberes plurales y la articulación intersectorial (entre el gobierno, academia, sociedad civil y movimientos sociales), por tener la certeza de que es necesariamente a través de los intercambios entre las diferentes posiciones y conocimientos que se pueden construir alianzas y alternativas efectivamente capaces de mejorar las condiciones de vida de los/as niños/as y adolescentes latinoamericanos/as.

Descargue la Publicación (En portugués): Políticas de Segurança e Direitos Humanos: Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência

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