NNyA con madres/padres encarceladas/os

Pobreza y desigualdad, Biblioteca, Materiales recomendados, Protección especial

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Cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos tienen un referente adulto privado de su libertad. Muchos/as de ellos/as viven el encierro desde sus primeros años de vida, cuando son sus madres las que se encuentran en la cárcel.

La Plataforma regional por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, alerta que entre el 70 y el 75% de estas personas encarceladas son madres/padres de 2 a 2,5 hija/os en promedio.

Como en la mayoría de los casos, estos/as niños/as pertenecen a los grupos los más vulnerables y generalmente sufren múltiples privaciones, lo cual hace que las inequidades se profundicen, negándoles oportunidades y derechos:

  • Viven por lo general en comunidades de muy alta vulnerabilidad social y con severos niveles de violencia, pobreza y exclusión.
  • Son inocentes, no han cometido ningún delito, pero igualmente sufren el estigma de la criminalidad así como tratos crueles y degradantes en muchas ocasiones.
  • Muchos deben asumir roles adultos para sustituir la ausencia del referente adulto encarcelado.
  • La mayoría experimenta la estigmatización, vergüenza y discriminación casi constante de la sociedad en general así como también, en ocasiones, de sus familias, en los centros educativos y en las instituciones a las que asisten.
  • Tienen los mismos derechos y necesidades que cualquier otro niño/a, además de necesidades específicas derivadas del encarcelamiento.

A pesar de que en el año 2011 el Comité de Derechos del Niños de Naciones Unidas dedicó un día especial para debatir sobre el tema de niños, niñas y adolescentes con padres encarcelados (NNAPEs), existen muy pocas investigaciones, programas e iniciativas que tengan como objetivo atender las necesidades específicas de esta población infantil, esta invisibilidad se ve profundizada con el hecho de que el marco general de las políticas de seguridad pública en la región tampoco ha adoptado una perspectiva de derechos humanos enfocada en la infancia.[1]

Algunas recomendaciones de la Plataforma, para hacer efectivos los derechos de los NNAPEs son:

  • Realizar investigaciones específicas que den cuenta de la realidad de los NNAPEs y realizar un registro de los NNA dependientes de las personas encarceladas al momento de su ingreso al sistema penitenciario para evitar que queden en situación de abandono y permitir un seguimiento de su situación.
  • Sensibilizar, formar, orientar y equipar a educadores, profesionales de la salud, operadores socio-comunitarios e institucionales en contacto con NNAPEs y sus familias.
  • Elaborar guías de procedimiento para las visitas de los NNAPEs a los centros de detención.
  • Permitir a las personas detenidas o procesadas que tengan NNA a su cargo que, antes de su ingreso o al momento de producirse este, puedan tomar disposiciones acerca de ellos, en función del interés superior de los niños.
  • Orientar a los adultos encarcelados respecto de sus derechos, responsabilidades y de los recursos existentes para resguardar los derechos de sus hijos e hijas.
  • Garantizar el derecho de los NNAPEs a mantener contacto con sus referentes encarcelados.
  • Asegurar espacios para que los NNA puedan expresar sus opiniones y ser escuchados al tomarse decisiones derivadas del encarcelamiento del referente adulto que puedan afectarlos en el ejercicio de sus derechos.
  • Garantizar el acceso de los NNA a información fidedigna respecto a su situación de forma adecuada a su edad.
  • Prestar especial atención a la integración social de los NNAPEs en la comunidad, en los centros educativos, de salud y recreativos.
  • Las propuestas de abordaje con NNAPEs y familias en situación de vulnerabilidad social deben ser integrales y tener en cuenta el hecho particular del encarcelamiento de los adultos de referencia como elemento específico.
  • Promover una efectiva articulación entre el sistema penal y los organismos encargados de garantizar los derechos de la infancia.
  • Invertir recursos públicos en el conjunto de políticas de infancia incluyendo acciones específicas diseñadas para NNAPES.

Descargue aquí el posicionamiento de la Plataforma NNAPEs

 

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[1] Equidad para la infancia (2015) Políticas de seguridad y DDHH

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