Desigualdades de género en la infancia

Pobreza y desigualdad, Nuestras publicaciones, Género

Identificando el panorama en América Latina y su transformación hacia la equidad

Aunque la experiencia de ser niña es muy diversa en su intersección con otras categorías sociales como la etnia, el grupo socioeconómico, la identidad de género, alguna condición de discapacidad, el estatus de ser migrante, etc., la desigualdad de género se manifiesta desde los primeros años de vida de las mujeres. Sus expresiones son múltiples: violencia sexual, física, psicológica, económica; maternidad y uniones infantiles; el ejercicio no remunerado de trabajos de cuidado y doméstico (que para las mujeres implica el doble de tiempo, en comparación con sus pares varones) o las múltiples limitaciones en el ejercicio de los derechos sexuales.

La niñez es una etapa que implica el ejercicio de derechos que definen el futuro de las niñas. Así se evidencia la importancia de implementar acciones con perspectiva de equidad que incluyan al género como categoría analítica, desde los primeros años. Éste ha sido el planteamiento de Equidad para la Infancia, para poner en el centro el bienestar de la infancia, tomando en cuenta las distintas condiciones de desigualdad, en propuestas y recomendaciones de política pública.

La inequidad de género se manifiesta desde los primeros años, esto es evidente al estudiar datos estadísticos, prácticas culturales, normativas legales, políticas económicas y en la mayoría de los ámbitos de las relaciones humanas.

Las desigualdades de género se sustentan simbólicamente a partir de relaciones de valor y poder entre lo femenino y lo masculino, que desfavorece a las niñas. Desde la infancia se aprenden de manera binaria los espacios y las actividades que corresponderán a mujeres y a hombres. Las diferencias de género se refuerzan a través de juguetes y juegos, la ropa, colores, los cortes de cabello, etc.

Una desigualdad de género evidente en este sentido es la hipersexualización desde la niñez,[i] que en los últimos años se ha visibilizado a través de espacios como los concursos de belleza infantiles, los cuales además han logrado exposición en los medios de comunicación masiva. Estos concursos transmiten la idea desde temprana edad de que las mujeres valen por su apariencia.

Los esfuerzos regionales para cerrar las brechas de género en la infancia han rendido frutos en algunos ámbitos, por ejemplo en el acceso de las niñas a la educación y en indicadores de salud como las tasas de retraso en el crecimiento y la mortalidad infantil. Destaca el cumplimiento de la meta 3.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas “eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria” y el número 4 “reducir la mortalidad infantil”.[ii]

 

A pesar de los avances, las dificultades permanecen

La materialización de la inequidad de género se hace presente en un sinnúmero de problemáticas que experimenta nuestra región.

Mientras el porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria en la región era de 31,9%, en hogares donde viven niñas y adolescentes mujeres ascendía a 40%, aunque con diferencias importantes entre algunos países. En este contexto, la pobreza afecta en mayor medida a las niñas entre 0 y 13 años (42%) en relación con las adolescentes entre 14 y 17 años (36 %); un indicativo de las mayores cargas económicas que impone el cuidado de la primera infancia, ante un déficit de respuestas públicas en esta materia.[iii]

La posibilidad que tienen las niñas de ejercer su derecho a la educación es altamente diversa entre los países de la región.[iv] Los quehaceres domésticos, los cuidados no remunerados y la maternidad temprana son importantes factores de abandono escolar para 13% de las adolescentes, mientras que representa menos de 1% para adolescentes varones de 12 a 18 años.[v] La ocupación en los precarizados trabajos “del hogar” acrecienta la dependencia económica de las mujeres, fundamental asociada con una mayor incidencia de la violencia de género.

Por otro lado, aunque en la mayoría de los países de la región los niños se incorporan al trabajo remunerado en mayor proporción que las niñas, en Perú y Costa Rica son las niñas quienes en mayor proporción realizan trabajo remunerado; lo cual en ambos casos afecta directamente la disponibilidad de tiempo y el acceso a la recreación, como elementos fundamentales para el desarrollo y calidad de vida de la infancia, como lo establece el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

Las deficiencias en la educación, información, acceso y el ejercicio de los derechos sexuales de las adolescentes en América Latina, desembocan en datos como los siguientes: [vi] En 13 países de la región, 7 de cada 10 mujeres de 15 a 19 años no tenía conocimiento profundo sobre el VIH, lo cual se evidencia al no haber escuchado hablar de la enfermedad o al contestar de manera equivocada a un conjunto de preguntas vinculadas a ella. Algunos países en la región establecen limitaciones para el acceso a anticonceptivos y la realización de pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS), como contar con la autorización de sus tutores.[vii] En países como Colombia, persisten prácticas inaceptables como la mutilación genital femenina, que ha causado la muerte de varias niñas de la comunidad Emberá.[viii]

El matrimonio en la infancia es una problemática con consecuencias graves en la equidad de género en la región. La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, ONU, 1979) establece que el compromiso matrimonial y el matrimonio de una niña no deben tener efectos jurídicos. Una desigualdad de género muy evidente en este sentido, es el establecimiento de edades diferenciales de consentimiento para legalizar una relación de pareja: entre 12 y 16 años como mínimo para las mujeres y entre 16 y 21 años para los varones.[ix]

25% de las mujeres entre 20 y 24 años tuvieron su primera unión conyugal siendo niña o adolescente y 3.4% de las adolescentes entre 15 y 19 años la habían tenido antes de los 15 años. En algunos países, la situación es mucho más acentuada. En República Dominicana, 40% de las adolescentes ha tenido una unión conyugal antes de los 18 años y un 10% la tuvo antes de los 15 y en Guatemala, entre 2012 y 2016 se registraron 80 mil matrimonios de mujeres menores de 18 años.[x] En este marco, el matrimonio infantil se relaciona con otros usos, costumbres y delitos que atentan contra los derechos de las niñas, como el matrimonio forzado, la obligatoriedad de la dote, la servidumbre y la explotación sexual.[xi]

De acuerdo con el Comité para los Derechos del Niño, el matrimonio infantil se relaciona con el embarazo temprano, con problemas vinculados con la salud sexual y reproductiva, con la reproducción de la pobreza y con una mayor carga de trabajo no remunerado. Más de la mitad de las adolescentes que fueron madres a los 14 años, estaba casada o en unión de pareja.[xii]

A su vez, el embarazo temprano es un obstáculo para el desarrollo y la autonomía de las niñas, con consecuencias sobre el ejercicio de derechos a la educación, al trabajo y del uso autónomo del tiempo. También aumenta los riesgos de muerte prematura. Se dispone de escasos datos recientes sobre embarazo adolescente en la región, lo cual se agrava con prácticas de sub-declaración de las familias en encuestas y censos. Con esas salvedades, se sabe que 13% de las adolescentes entre 15 y 19 años y casi 60 mil niñas entre 10 y 14 años han sido madres en América Latina.[xiii] En cinco países de América Latina, la incidencia del embarazo entre mujeres de 15 y 19 años supera el 20%. La incidencia del embarazo temprano aumenta considerablemente en pueblos indígenas y áreas rurales, en Brasil y Panamá, dos de cada tres mujeres de 15 a 19 años en estos contextos han sido madres.[xiv]

También se muestra una fuerte asociación entre ser víctima de violencia física y sexual y la unión conyugal temprana de las mujeres: en 11 países de la región la incidencia de ambos fenómenos es mayor para quienes tuvieron uniones antes de los 20 años.[xv] Asimismo, de acuerdo con datos de la Encuesta de Acoso Callejero en Chile, las mujeres comienzan a sufrir acoso en las calles (y el transporte público) desde los 9 o 10 años. [xvi]

Aunque que la recolección de información sobre maltrato infantil mantiene importantes desafíos a solventar,[xvii] la evidencia muestra que las niñas tienen un riesgo mucho mayor de ser víctimas de abuso sexual, y son más vulnerables ante la trata, el tráfico y la explotación sexual.[xviii] El subregistro de este tipo de casos refuerza la incidencia del abuso contra las niñas. En México, entre 2010 y 2015 fueron atendidas 317.996 niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; pero en el mismo periodo sólo se registraron 28.672 víctimas en averiguaciones previas, lo que no representa ni el 10% de los casos registrados.[xix]

También es necesario profundizar sobre la incidencia de la violencia contra las niñas en países en conflicto o post-conflicto, como los centroamericanos o Colombia, así como en la situación de poblaciones más vulneradas, como las niñas migrantes, sobre todo mirando que las formas de violencia que enfrentan son menos visibles.[xx]

 

Acciones necesarias y efectivas

Así como efectivamente se cerraron brechas de género en aspectos de la salud y en la educación en la infancia, las problemáticas pendientes demandan estrategias que resulten efectivas en la reducción y el fin de la desigualdad entre niñas y niños. A continuación, se presentan algunas propuestas que se han hecho para atenderlas.

En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, se ha demostrado el impacto positivo de los programas de educación sexual en el plan de estudios para la prevención de ETS y embarazo adolescente. Dichos programas deben tener perspectiva de género y de derechos. Una revisión de 22 currículos de programas de educación sexual en el mundo ha permitido observar que el 80% de estos programas, registran una reducción significativa en ambas problemáticas.[xxi]

En segundo lugar, debe atenderse al marco internacional y las recomendaciones respecto al matrimonio infantil y las uniones tempranas. Es preciso tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para establecer una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el Comité de la CEDAW es de 18 años. En tercero, la división sexual del trabajo desde la infancia requiere implementar políticas integradas de cuidado que reviertan la tendencia actual que vulnera a las niñas.[xxii]

La violencia contra las niñas requiere estrategias comunicacionales, educativas y preventivas que ataquen su aceptación cultural. Como se ha visto, el maltrato infantil en general es un tema que requiere mayor información, para conocer la situación con certeza e intervenir de manera oportuna y precisa.

Una propuesta central que atraviesa el trabajo de Equidad para la infancia es que las intervenciones se planeen e implementen bajo una perspectiva de equidad. En este caso, la evidencia señala que las niñas viven mayores desventajas que requieren atenderse prioritariamente, sobre todo al tomar en cuenta condiciones de pobreza, pertenencia étnica, territorios en los que habitan. Algunas otras condiciones que también requieren atención ni siquiera se han visibilizado, ni cuentan con reconocimiento de derechos. Es el caso de los derechos de niños y niñas trans. Es imperativo para su bienestar que se coloque en la agenda pública y gubernamental la vulneración a sus derechos y que se impulse su reconocimiento y garantía.

Equidad para la infancia tiene el compromiso de alimentar con conocimiento, propuestas para mejorar el bienestar de la infancia. Nuestra experiencia nos indica que ello requiere indispensablemente de una perspectiva de equidad. Como nuestros estudios lo han identificado a lo largo de América Latina, se requiere del enriquecimiento de las fuentes de información disponibles para el conocimiento suficiente de las problemáticas que enfrentan las niñas en su diversidad, de modo que se implementen soluciones certeras. Los logros alcanzados en el cierre de la brecha de género demuestran que, con el establecimiento de objetivos concretos y la medición y seguimiento de sus avances, puede alcanzarse la equidad. Es hacia allá a donde dirigimos nuestros esfuerzos.


Equidad para la Infancia, diciembre 2017. texto elaborado por Marina Freitez Diez y Verónica Bagnoli Fernández

 

 

[i] La sexualización consiste en un enfoque instrumental de la persona a partir de su percepción como objeto sexual, al margen de su dignidad y sus aspectos personales, según un informe del Parlamento Europeo.

[ii] En general, América Latina logró reducir la tasa de defunción de los menores de cinco años de 54 a 18 por cada 1.000 nacidos vivos. CEPAL (2015). CEPAL: La región cumplió varias metas clave de los ODM, punto de partida para abordar la agenda 2030. Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-la-region-cumplio-varias-metas-clave-de-los-odm-punto-de-partida-para-abordar-la.

[iii] Las diferencias entre países dan cuenta de que la pobreza afecta al 77% de las niñas y adolescentes en Honduras —porcentaje levemente inferior que para los niños y adolescentes varones— y en Argentina su incidencia es del 7%. En cuanto a la distribución territorial, sin tomar en cuenta las inequidades intra-urbanas, la pobreza afecta al 54% de los hogares con niñas ubicados en áreas rurales y 34% en áreas urbanas. Datos para 2013, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de 18 países. (Catalina Céspedes y Claudia Robles, 2016. Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad. Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL. En: https://www.unicef.org/ecuador/Ninas_y_Adolescentes_en_America_Latina_y_el_Caribe_Web.pdf)

[iv] Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pág. 32.

[v] Rico y Trucco, 2014, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[vi] Es muy importante que los países eliminen los requisitos para el acceso a los anticonceptivos y la realización de pruebas de ETS, como el VIH, como contar con la autorización de sus tutores. Argentina, Chile, Perú y Venezuela tienen dicho requerimiento para acceder a condones y en el Bolivia, México y Panamá se requiere de la compañía de un tutor para retirar los resultados del examen (ONUSIDA, UNFPA y UNICEF, 2015). Como se indica en Fondo Mundial (2015), se estima que más del 80% de las nuevas infecciones de VIH que se registran en adolescentes, ocurren en mujeres. En Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

[vii] Argentina, Chile, Perú y Venezuela tienen dicho requerimiento para acceder a condones y en Bolivia, México y Panamá se requiere de la compañía de un tutor para retirar los resultados del examen. ONUSIDA, UNFPA y UNICEF, 2015, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[viii] Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad. Pág. 48

[ix] El Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba, Guatemala, Panamá, el Perú y Venezuela declaran nulo el matrimonio de los hombres menores de 16 años y mujeres menores de 14 años. Ecuador, El Salvador y el Uruguay establecen como edad mínima para contraer matrimonio 14 años para los hombres y 12 para las mujeres; Honduras establece la edad mínima para casarse de 18 años

para los varones y 16 años para las mujeres; Nicaragua establece 21 años como mínimo para los hombres y 18 años para las mujeres (15 años para el hombre y 14 años para la mujer con consentimiento de las personas legalmente a cargo); la República Dominica establece esta edad en 18 años para el hombre y 15 años para las mujeres. Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[x] Datos correspondientes, en su mayoría, al año 2010. Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, pág. 29.

[xi] El País, 2016, Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, pp. 23 y 25.

[xii] ONU, 2003, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, pp. 27, 55 y 73.

[xiii] Equivalente al 0,34% de la población de esa edad, con datos de 2010. Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, pág. 64.

[xiv] Datos de 2010. Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, pág. 53.

[xv] Organización Panamericana de Salud (OPS) (2014). Violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe: Análisis comparativo de datos poblacionales de 12 países, Washington, DC: OPS, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xvi] Observatorio contra el Acoso Callejero (2014), en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xvii] Es indispensable desarrollar mecanismos de recolección de cifras y datos para medir la dimensión real del maltrato infantil en la región. Esta necesidad se detectó, por ejemplo, en el monitoreo de desigualdades e inequidades en la infancia promovido por Equidad para la infancia en Colombia. Los registros suelen hacerse con base en la información disponible de denuncias y de espacios de atención como hospitales. Sin embargo, las denuncias son pocas en relación con la incidencia real, debido a una serie de asuntos, empezando porque los perpetradores suelen ser familiares de los que las niñas dependen. Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xviii] UNICEF 2014, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xix] Es importante tomar en cuenta que estos datos sólo corresponden a 22 y 16 entidades federativas (respectivamente), lo que revela una falta de información que limita el conocimiento real sobre la magnitud de la violencia sexual hacia mujeres y niñas.  (Frente Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2017. Grave falla en el acceso a la justicia de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual. En: https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/exigimos-justicia. Con datos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV (2016) Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, Disponible en:http://www.ceav.gob.mx/wp-content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf )

[xx] CEPAL, 2008, en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xxi] OMS (2009), en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.

[xxii] CEPAL (2016), en Catalina Céspedes y Claudia Robles (2016). Niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Deudas de igualdad.


 

 

 

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