En el marco de la XXV Asamblea de la Red Mexicana Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN)[1] – con la presencia de Equidad para la Infancia América Latina- se presentaron iniciativas concretas para avanzar en la coordinación de diversos municipios mexicanos, para el fortalecimiento institucional y de intervenciones que garanticen los derechos de la infancia local.
Entre las acciones presentadas por la presidenta de la RMCAN, se destacó la gestión ante el Senado de la República para la asignación de presupuestos municipales enfocados en los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Vea la presentación de la presidenta de la RMCAN, Lucia Todd, transmitida en vivo por las redes sociales de Equidad para la Infancia
En el marco de la aplicación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes en México, y concretamente en la implementación de medidas de protección especial, los municipios son un ente clave; y al formar parte del Sistema Protección Integral de Derechos de NNyA deben adecuar su legislación, dependencias y programas a partir de la perspectiva de los derechos de la niñez.
Durante el evento, se remarcó la necesidad de articulación entre los distintos niveles de gobierno, a partir de acciones que incluyan, además de los presupuestos, la operación coordinada de los programas con trayectoria y los de creación reciente, en función de la atención a niños y niñas. Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), instó a que la voluntad política que efectivamente se manifiesta frente a los temas de infancia, trascienda el discurso y se sustente en la corresponsabilidad y en el trabajo intergubernamental.
Vea la presentación de Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)
[1] La Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez es una coalición de municipios que se plantean una serie de compromisos para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, mediante el impulso de políticas públicas municipales con enfoque de derechos.
