Entre los múltiples efectos que se desprenden del COVID-19, América Latina afronta un reto central: concentrar esfuerzos en prevenir el avance de la pobreza infantil, situación que ya era crítica antes de la pandemia en casi todos los países, pero que a consecuencia de la emergencia
sanitaria se profundizó.
Diversos estudios indican que, para fines de este año, la pobreza en infancias y adolescencias podría trepar un 22% en América Latina y 15% a nivel global. Un análisis reciente de Save the Children y UNICEF señala que el número de niños/as que viven en hogares pobres aumentará hasta en 86 millones, pudiendo llegar a 672 millones en todo el mundo.
Para América Latina, este pronóstico implica no solamente el desafío de priorizar a las infancias como destinatarias fundamentales de sus políticas públicas, sino también el ligar a las mismas en un marco de sostenibilidad financiera y política que les asegure cierta continuidad, evitando la inestabilidad recurrente que suele caracterizar todo tipo de política en países con ciclos económicos y políticos tan pendulares como los de la región.
Desde Equidad para la Infancia trabajamos el concepto de pobreza multidimensional, y pregonamos por políticas a las infancias sustentables e incondicionadas, donde los Estados asuman, como parte del mundo post pandemia que viene, una función redistributiva respaldada en impuestos progresivos que fondeen estas iniciativas y las resguarden de cualquier tendencia al ajuste económico.
