Según López, en los últimos 15 años hubo una expansión significativa en el proceso de escolarización de niños y adolescentes y jóvenes en casi toda la región. En esta expansión fueron beneficiados los sectores históricamente olvidados. Así, se avanzó hacia la incorporación de los niños/as y adolescentes indígenas, afro-descendientes, pobres, y de las zonas rurales. Sin embargo a partir de 2004-2005, las tasas de escolarización ya no crecen e incluso empezaron a bajar.En esta dificultad de la escuela para seguir incluyendo a los alumnos, aparecen los problemas estructurales como la pobreza y la exclusión. Pero además, se observa la dificultad que tiene el sistema educativo para relacionarse con los adolescentes. La escuela secundaria vive un dilema: si la escuela fue pensada para seleccionar, hoy se le pide que sea inclusiva y universal. La imagen que se sigue teniendo del alumno es la del adolescente urbano, blanco y de clase media. La escuela, como otros organismos del estado tiene una dificultad de establecer una relación con la adolescencia basada en el reconocimiento de su identidad y su cultura, sus intereses, expectativas, miedos y sus dudas. Estos elementos operan como conflictivos y propician el abandono de la escuela.
Otro tema pendiente es el tema del aprendizaje. López señala que en este momento hay un debate en la región sobre cómo abordar el problema de la calidad del aprendizaje sin menoscabar la propuesta de inclusión educativa.
Con relación a las principales transformaciones legislativas de los procesos educativos en América Latina , reconoce una tendencia al reconocimiento de la educación como un derecho y no un privilegio, en donde hay una preocupación explícita por la no discriminación. Esto, luego de la superación de las reformas de los años 90, cuando la educación era pensada como una herramienta de formación de recursos humanos para la participación en el mercado.
López concluye planteando que el discurso de los derechos se ha consolidado y ha adquirido legitimidad en la región, pero alerta que surgen disensos al momento de asignar fondos y ejecutar las políticas. Por otra parte, en lo que atañe a la implementación de estas nuevas leyes, resalta las enormes diferencias que existen entre los países de la región. El grado de implementación de estas normas o la posibilidad de convertirlas en políticas dependen, entre otras cosas, de la tradición y la solidez de las instituciones del estado.
