OP: El desafío de prevenir la violencia y garantizar el derecho a la protección

El aumento de la violencia y del crimen en América Latina requiere una explicación multidimensional que remite a la interrelación entre diversos factores socioeconómicos (como precariedad laboral, inequidad persistente y una insuficiente movilidad social, en un contexto de crecimiento económico basado en el consumo); y sociales (pérdida de la capacidad de las familias, la escuela y las ciudades de propiciar el fortalecimiento  del tejido social, la cooperación y la convivencia positiva entre las personas). Esto contribuye para crear un entorno propicio a la violencia y el delito. Además, colaboran con el aumento de la violencia y del delito, la presencia de armas de fuego, el tráfico de drogas y el consumo de alcohol y las debilidades institucionales del estado relacionadas a la corrupción, la impunidad y la falta de equilibrio entre los delitos cometidos y las penas asociadas a los mismos.[2]

Las políticas de seguridad, como medio del cual dispone el poder público para hacer frente a estos graves problemas, pueden tomar diferentes direcciones. El enfoque represivo y punitivo adoptado en la región en las últimas décadas fracasó en su objetivo de reducir los niveles de violencia y delincuencia. Al mismo tiempo, tuvo un impacto negativo en la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos.

En este contexto, los/as niños/as y adolescentes siempre han sido y continúan siendo especialmente afectados por las formas como se definen e implementan las políticas públicas de seguridad, así como por la violencia cotidiana que atraviesa sus espacios de vida. Esta situación merece especial atención y una discusión en profundidad que contribuya para su transformación a través de un conjunto de acciones integradas entre el estado y la sociedad.

Por tanto, queremos aportar a una reflexión basada en la perspectiva de derechos humanos, a partir de la cual la consideración de los problemas de la delincuencia, la violencia y su impacto en la seguridad ciudadana, se debe hacer dando prioridad a la protección de todas las personas, incluyendo niños/as y adolescentes como sujetos de protección especial, y no a la defensa del Estado.[4]

Frente a estas realidades y necesidades es que compartimos los resultados de la Publicación Políticas de Segurança e Direitos Humanos: Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência,[3] con el objetivo de promover el debate en profundidad y una comprensión más compleja de los fenómenos en cuestión, al contextualizarlos en escenarios socio-políticos y económicos, analizados a la luz de las inequidades históricas de clase, raza, etnia, género, geográficas, etc.

Algunas recomendaciones para que las políticas públicas de seguridad y el respeto a los derechos humanos caminen juntos:

• Desarrollar políticas de seguridad con un enfoque integral que incluyan medidas preventivas, reformas institucionales, suficiente inversión pública, modernos sistemas de información e intervención para atender a las necesidades a corto, mediano y largo plazo.
• Promover la movilización y garantizar la participación social, incluyendo la participación de los/as niños/as y jóvenes en la formulación de políticas, así como aumentar el control social de las mismas.
• Promover la igualdad, la equidad y la justicia social, creando más y mejores oportunidades de desarrollo para todas las personas.
• Ampliar las oportunidades de desarrollo para los/las jóvenes a través de la provisión de educación de calidad, de oportunidades de trabajo decente, acceso a la cultura y el deporte, etc.
• Superar la segregación urbana y cualificar los espacios públicos, haciéndolos más atractivos y seguros.
• Avanzar en la demarcación de los territorios de grupos étnicos, y consolidar políticas públicas que garanticen sus derechos.
• Avanzar hacia políticas y acciones que deconstruyan, en todos los ámbitos sociales e institucionales, los patrones culturales discriminatorios y racistas.
• Potenciar las alianzas intersectoriales y entre los diferentes niveles de gobierno.
• Fortalecer el intercambio de experiencias y el diálogo entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil, academia y movimientos sociales.
• Promover acciones de incidencia para lograr los cambios legislativos y en el poder judicial necesarios para garantizar leyes y políticas inclusivas.
• Promover reformas en el sistema socio-educativo para los adolescentes que cometen delitos, asegurando la protección de sus derechos y la resocialización.
• Disminuir la impunidad y garantizar una justicia accesible, rápida y efectiva, que asegure todos los derechos procesales.
• Desmilitarizar la policía, instituyendo procesos de reforma que prioricen a los derechos humanos y la seguridad ciudadana, así como mecanismos de control social de la misma.

En las actuales sociedades de América Latina, el aumento de la violencia urbana y las formas de definir e implementar políticas de seguridad pública causan enormes impactos negativos en la vida de niños/as y adolescentes desde la primera infancia. Estos impactos no se distribuyen de manera uniforme, afectan en diferentes formas a niños/as y adolescentes en función de su edad, género, etnia, raza, clase y lugar de residencia. Por lo tanto, es necesario profundizar en reflexiones que deconstruyan los mitos imperantes y permitan actuar sobre las múltiples causas de la violencia con el fin de garantizar la seguridad con un enfoque en la ciudadanía, para garantizar el respeto de los derechos humanos de todos/as los/as niños/as y adolescentes.

La publicación Políticas de Segurança e Direitos Humanos: Enfocando a Primeira Infância, Infância e Adolescência, es el producto de la reflexión colectiva y conectada entre diversos actores sociales. El documento fue elaborado conjuntamente por Equidad de la Infancia y la Red Nacional de Primera Infancia (RNPI), con la colaboración del CIESPI/PUC-Rio (Centro Internacional de Estudios e Investigaciones sobre la Infancia) y del Instituto Arcor Brasil, con el apoyo del Instituto C&A.

El documento busca compartir experiencias y aprendizajes adquiridos en el curso de la realización de dos coloquios latinoamericanos[5] sobre las políticas de seguridad y derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en América Latina, sistematizando y socializando las principales reflexiones y los interrogantes que surgieron en esta trayectoria.

Entre los temas y debates centrales abordados en la publicación, están:

• La invisibilidad de la primera infancia en los debates y las políticas.
• La estigmatización y la criminalización de la adolescencia y la juventud negra y de las comunidades pobres y periféricas.
• Las lógicas en que sustentan las crecientes demandas de la reducción de la mayoridad penal.
• La segregación urbana, la falta de espacios públicos y la no efectivización del derecho al juego
• El papel de los medios de comunicación
• La desmilitarización de la policía y la construcción de una seguridad ciudadana.
• La necesidad de garantizar la protección de los/as niños/as en todas las circunstancias

A través de esta publicación, Equidad para la Infancia refuerza su compromiso con la producción de saberes plurales y la articulación intersectorial (entre el gobierno, academia, sociedad civil y movimientos sociales), con la certeza de que es necesariamente a través de los intercambios entre las diferentes posiciones y conocimientos que se pueden construir alternativas efectivamente capaces de mejorar las condiciones de vida de los/as niños/as y adolescentes.