Desde Equidad para la Infancia, entendemos que las instituciones académicas cumplen un rol central en la producción de conocimiento pertinente y en la búsqueda de nuevas modalidades de comprensión y análisis de las problemáticas que afectan a la niñez e infancia contemporáneas. Por esta razón, los reconocemos como actores por demás relevantes en la transformación de los imaginarios sociales, así como en el desarrollo de políticas públicas en tanto instrumentos fundamentales de consolidación de derechos. Es en este marco que se desarrolla el Proyecto de Conectividad de Posgrados en Derechos y Políticas Públicas para la Infancia, puesto en marcha por Equidad para la Infancia junto a las oficinas regionales de PNUD y UNICEF.
Diversas instituciones académicas en nuestra región desarrollan programas de posgrados y grupos de investigación abocados al campo de estudios en infancia y adolescencia desde el enfoque de derechos. Con distintos acercamientos al tema y perspectivas de abordaje, dichas instituciones no siempre mantienen entre sí una orgánica relación de intercambio.[1]
La labor fluida en red entre universidades se ve dificultada por factores ligados a sus características burocráticas, sus diferencias de envergadura y capacidad, por lógicas competitivas, así como por las diferencias que a grandes rasgos podemos nombrar como epistemológicas. Además, limitadas condiciones económicas y oportunidades de movilidad de investigadores/as y estudiantes hacia otros espacios académicos no favorecen las iniciativas de conectividad. Estos factores restringen las posibilidades de circulación de saberes, de construcción de una agenda regional de debates e investigaciones y de creación de espacios de coproducción de conocimiento.
A partir del entendimiento del potencial de innovación que tienen las universidades latinoamericanas en la agenda social y en la agenda pública sobre temas de infancia y adolescencia, pero también reconociendo sus actuales límites y desafíos, creemos necesario fortalecer las instancias de intercambio y articulación entre las mismas, y entre estas y la institucionalidad estatal, las organizaciones y los movimientos sociales, generando mayor sinergia entre estos sectores, en pos de mejorar substancialmente las condiciones de vida de los/as niños, niñas y adolescentes.
Los principales desafíos.[2]
En lo que atañe a la niñez y adolescencia, la superación de las fronteras disciplinarias se constituye en algo imprescindible cuando en vez de concebir los/as niños/as y adolescentes como sujetos trascendentales, pasamos a mirarlos/as desde su concretud histórico-cultural, bio-psíquica y sociopolítica. Al final, ninguna disciplina concebida de forma aislada es capaz de dar cuenta de procesos que se caracterizan por ser multidimensionales. Del mismo modo, la interdisciplina es una condición sine qua non de un conocimiento que tenga el potencial de impactar positivamente el desarrollo de políticas públicas transformadoras que tomen en cuenta la integralidad y cotidianeidad de los sujetos a los que se dirigen, (re)conociendo las relaciones y desigualdades socioculturales y económicas que constituyen sus vidas.
Se desprende de lo anterior otra discusión urgente relacionada a la necesidad del diálogo y la articulación en distintos niveles entre la academia y las políticas públicas para la infancia. Las dinámicas y dificultades de interlocución y articulación entre universidades y políticas públicas son muy diversas en cada país y localidad. Pero en general dicha conexión se piensa como un efecto posterior de la investigación, que no se incorpora en la formación académica o en el proceso de producción de conocimiento desde el inicio.
Se asume por lo tanto la necesidad de sintonizar las agendas investigativas y de formación con las agendas públicas de manera que la academia pueda aportar e incidir en los procesos de toma de decisiones y en la implementación de políticas públicas manteniendo su autonomía universitaria. Para ello, hace falta tornar el conocimiento académico en algo posible de ser transferido a los organismos del estado en sus múltiples esferas, sin que esto implique simplificación o reduccionismo en el análisis de los problemas, o la despolitización de los conflictos.
Invariablemente, el acercamiento entre estos sectores se ve atravesado por varias tensiones de orden político-ideológico, así como por las diferentes lógicas, tiempos y necesidades de estas instituciones, que implican cuestiones de reconocimiento y legitimación de ambas partes que no pueden ser soslayadas.
Por otro lado, la participación de la academia en las políticas públicas debe pensarse en el marco de un compromiso con las luchas reivindicativas por los derechos humanos que se están gestando en América Latina en las últimas décadas. Esto es, deconstruyendo la idea de las políticas públicas como algo concebido exclusivamente desde el estado y fortaleciendo una perspectiva multidimensional que posibilite la articulación de la investigación y la sociedad civil, reconociendo la posibilidad de repensar lo público y de generar saber desde diversas instancias.
Finalmente, una cuestión fundamental atañe a la reducción del presupuesto estatal destinado a la educación superior, y la tendencia mercantilizadora fomentada desde distintos actores internacionales, la cual nos interpela a todos/as los/as que defendemos la educación como bien público, orientada al debate de los problemas comunes.
Ibarra (2002) plantea que el sistema económico global ha ubicado a las instituciones de educación superior como organizaciones del mercado con el estatuto de empresas que prestan servicios, desplazándolas de su lugar de referente cultural. En su análisis sobre el Capitalismo Académico revisa cómo las políticas y programas educativos han convergido en paradigmas de privatización, desregulación y competitividad.[3] Lo cual implica una injerencia de los intereses de las empresas en los procesos de formación, investigación y los programas de posgrados. En este contexto de privatización y mercantilización del saber, la demanda de usabilidad práctica del conocimiento presenta serios riesgos a la producción de conocimiento crítico que no podemos desconocer.
Relacionado a esto, otra preocupación tiene que ver con la búsqueda de financiamiento internacional, la cual hace depender a muchas iniciativas y proyectos de investigación de una agenda propia de los organismos de apoyo, forzando la producción del conocimiento y su enseñanza a insertarse en tales agendas, y en este mismo sentido alejándose tal vez de las complejidades locales.
Esas son algunas de las discusiones que se resaltan entre otras muchas que vienen siendo tejidas en el marco del Proyecto de Conectividad de Posgrados en Derechos y Políticas Públicas para la Infancia. Esta plataforma ha permitido el intercambio entre representantes de organismos multilaterales, referentes académicos y de organizaciones sociales de distintas nacionalidades, a partir de seminarios y foros virtuales y presenciales.[4] En estos encuentros se han suscitado importantes discusiones que merecen seguir profundizándose.
Desde Equidad para la Infancia, nos parece sumamente gratificante poder ofrecer un canal para que las mismas se expresen y fortalezcan, avanzando en un diálogo regional a nivel epistemológico, curricular y político. En un contexto regional que demanda mayor conectividad de actores para abordar los complejos contextos sociales y las situaciones de desigualdad que caracterizan a la infancia, seguiremos fomentando la libre circulación del conocimiento y buscando incrementar las posibilidades de establecer puntos de encuentro entre el sector académico, la institucionalidad estatal y la sociedad civil.
