La extensión de las asignaciones universales a los hijos de los trabajadores informales y de los trabajadores desocupados resulta una excelente medida en vistas de lograr mayores niveles de equidad social, más aún cuando se dirige a los niños, niñas y adolescentes, el grupo poblacional más golpeado por la pobreza. Sin embargo, es preciso dotar a esta medida de mayor institucionalidad, ampliando y clarificándo los criterios de acceso al derecho y estipulando la movilidad automática del monto del beneficio, para que este derecho, como tal, no quede sujeto a la discrecionalidad del poder político de turno y a las disponibilidades de “caja”.
Por otra parte, resulta evidente que los sectores de más altos ingresos conservan una posición privilegiada que no se condice con una sociedad justa: el 20% de las personas con IPCF (ingreso per cápita familiar) más alto continúa apropiándose del 50% de los ingresos, en tanto que el 10% más rico se apropia de un tercio del total. A excepción de la brecha con el grupo de ingresos más bajos –donde una suba leve de los ingresos percibidos en términos absolutos puede implicar una fuerte disminución de la distancia-, con el resto de los grupos de ingresos intermedios la relación se ha mostrado prácticamente inelástica, sobre todo desde 2005-2006 a esta parte.
[pdf]evolucion-de-la-distribucion-del-ingreso-per-capita-familiar-2003-2009-y-estimacion-del-impacto-distributivo-de-la-universalizacion-de-las-asignaciones-familiares-por-hijo[/pdf]
