Según Estela Scheinvar, el Estatuto del Niño y del Adolescente (1990) surge en un contexto político de lucha contra la dictadura y el autoritarismo. Como instrumento, el ECA trajo muchas expectativas al proponer nuevas formas de organización y participación de la sociedad civil en el debate y la ejecución de políticas públicas para la infancia y la adolescencia. Con el Estatuto, se extingue la figura jurídica del “menor” y surgen nuevos sujetos de derechos: los/as niños/as y adolescentes. La ley también prevé los mecanismos para que estos derechos sean garantizados, siendo que debe ser aplicada cuando estos derechos son violados.
Contrariamente a las expectativas, una vez sancionada la ley, la movilización de la sociedad civil no creció, sino que se burocratizó. De este modo, en vez de actuar presionando al gobierno en relación a la garantía de la integralidad y la eficacia de las políticas públicas, la sociedad civil termina favoreciendo o legitimando las acciones del gobierno. Como consecuencia de esto, la omisión o falta de acción adecuada del estado en relación a la garantía de ciertos derechos es negada, y la población que tiene sus derechos violados, – sin el respaldo del movimiento social-, muchas veces es presionada para resolver de manera particular sus problemas. Es decir, se transfiere a la población de manera privada la responsabilidad por la garantía de sus propios derechos. Scheinvar concluye que la movilización y la presión social disminuyeron en los últimos años, legitimando un gobierno que en muchas áreas se ha mostrado omiso, inadecuado y autoritario.
